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Boletín de prensa 29 de abril de 2011
EL TIEMPO
'LA VERDAD ES LA ÚNICA VÍCTIMA EN LA RELACIÓN PERIODISMO - POLÍTICA'
Así lo afirmó la analista política Claudia López, en su visita a la Universidad de Manizales.
Por más de dos horas, la columnista Claudia López compartió con estudiantes de Periodismo de las universidades del Quindío, Católica Popular de Risaralda y de Manizales, su charla titulada 'Influencia de los medios de comunicación en la política', en la que recalcó la responsabilidad de éstos, a la hora de informar quiénes son los candidatos que aspiran cargos públicos en la elecciones de octubre.
Según López, "es lamentable ver que en época electoral los medios se dediquen a hacer reportería barata: sólo a hablar de las reuniones de candidatos y los lugares que visitan", a lo que agregó que "es necesario conocer quiénes son ellos, de dónde proceden los financiamientos de sus campañas, además de las alianzas políticas que hacen y sus programas de gobierno.
Uno de lo casos que más recuerda fue su regreso al país en julio de 2004, después de cursar una maestría en administración pública y política urbana en Estados Unidos: "Me habían invitado a ser columnista en el portal web de la revista Semana, y prendí el televisor para ver las noticias, cuando con lo primero que me encontré fue un estruendoso aplauso que daban los legisladores a los ex jefes paramilitares que visitaban el congreso".
Fue en este momento cuando comenzó a investigar quiénes eran aquellos senadores, que respaldaban con vehemencia el discurso que habían dado Salvatore Mancuso, Ramón Isaza e Iván Roberto Duque ('Ernesto Báez'), entre los que estaban Eleonora Pineda y Rocío Arias. Fue así como esta revista publicó diferentes artículos, que la convirtieron en una de las voces con mayor autoridad para hablar del narcoparamilitarismo y su relación con el Estado.
Charla con los estudiantes
Durante su conversatorio hizo un llamado a los cerca de 300 jóvenes que se acercaron al auditorio principal de la Universidad de Manizales: "La labor del periodista es ser constructor de lo público, pues vemos que la institucionalidad tambalea en algunos sitios del país; además muchos puestos se llega es por oportunismo, y no por meritocracia"
Recalcó que es necesario construir un nuevo referente para esta región, pues en primer lugar ya no ocupan el primer lugar en producción de café; y además se mantienen muchas costumbres que heredaron de los antepasados, por lo que aún en la actualidad se notan muchas diferencias entre las tres ciudades.
Otro de los temas que quisieron tratar los asistentes, fue todo el fenómeno de la Ola Verde en las pasadas elecciones presidenciales, a lo que se refirió: "Es increíble ver cómo algunas personas ven en los Verdes un movimiento fugaz, porque no lograron la presidencia; pero en realidad se anotaron una gran victoria porque Juan Manuel Santos acogió toda la base programática de este movimiento".
LUCERO CORTÉS PIDIÓ ACOMPAÑAMIENTO INTERNACIONAL A SU CASO
Lo hizo un día después de tener la casa por cárcel por orden de la Corte Suprema.
la congresista Lucero Cortés pidió acompañamiento internacional al proceso que se adelanta en su contra por presunto tráfico de influencias.
Cortés negó haber intervenido ante magistrados del Consejo Superior de la Judicatura para conseguir que sancionaran a un abogado que había acusado a su esposo y dijo que denunciará a Juan Carlos Restrepo, director de Estupefacientes, por otra denuncia de supuesto tráfico de influencias en esa entidad y que la Corte también investiga.
Por su parte, los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura rechazaron ayer los señalamientos sobre supuestas presiones para favorecer a la congresista Lucero Cortés y a su esposo.
EL LUNES DECIDEN SI SE INVESTIGA A SANTOS POR CAMBIAR TERNA DE FISCAL
Esto, ante la denuncia que interpuso el magistrado Marco A. Velilla, ex candidato al cargo.
Velilla, magistrado del Consejo de Estado, denunció al Jefe de Estado Santos por haber cambiado la terna para eligir Fiscal General que había presentado el anterior presidente, Álvaro Uribe Vélez y de la que también hacían parte Margarita Cabello Blanco y Jorge Anibal Gómez.
Frente al caso, en la mañana de este jueves, Posada, quien coordina la investigación contra Santos en la Comisión de Acusación de la Cámara, recibió el testimonio del magistrado Velilla.
De acuerdo con el congresista, Velilla “fue escuchado en calidad de testigo y no de demandante”.
“El doctor Velilla no comparte el concepto del Concejo de Estado que le dio pie al Presidente para cambiar la terna, ya que piensa que con él se indujo al Presidente a cometer un error”, explicó Posada.
El Gobierno elevó una consulta al Consejo de Estado con el fin de destrabar la elección de Fiscal General, luego de que la Corte Suprema de Justicia se tardara casi año y medio en esta designación.
En la audiencia de este jueves, Velilla hizo un recuento cronológico de su papel como candidato a Fiscal, y recordó, según Posada, que cuando lo incluyeron en la terna fue notificado de ello, "pero que hasta el momento nadie lo ha notificado de que fue excluido de la terna”.
El congresista de ‘la U’ dijo que pedirá una serie de pruebas y que el próximo lunes estará anunciando si se abre investigación formal contra Santos o no.
FAMILIARES DE CONGRESISTAS, HABILITADOS PARA ASPIRAR A ALCALDÍAS Y GOBERNACIONES
La Cámara de Representantes eliminó del Estatuto Anticorrupción el artículo que buscaba acabar con el nepotismo en la política colombiana.
Aunque en tercer debate había sido aprobado, la plenaria de la Cámara hundió en último debate el artículo del Estatuto Anticorrupción que buscaba que los familiares de los congresistas no pudieran aspirar a alcaldías y gobernaciones.
El argumento de acabar con el “foco de corrupción”, según la exposición del autor de la iniciativa el representante Carlos Augusto Rojas, poca acogida tuvo en la corporación.
Texto de los artículos:
“No podrá ser inscrito ni elegido como candidato o designado como gobernador quien tenga vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con representantes a la Cámara y Senadores de la República”.
“No podrá ser inscrito ni elegido como candidato o designado como alcalde quien tenga vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con representantes a la Cámara y Senadores de la República”.
En su argumentación, el legislador puso de ejemplo el caso de Bogotá, “donde tenemos alcalde y senador y ya vemos el escándalo público que es el plato de cada día”.
“Es que gobernadores y alcaldes eligen senadores y representantes, y de vuelta, estos eligen alcaldes y gobernadores, y se convirtió esa situación en un círculo vicioso”, explicó.
Aún así, el posible nepotismo en la cultura política del país podría seguir por cuenta de la negativa en la Cámara a introducir los artículos.
Dentro de los opositores aparecieron varios legisladores que pidieron "democratizar" los impedimentos y acabar el nepotismo pero en todas las ramas del poder.
La representante Rosmery Martínez llamó al Congreso a no haberse el 'harakiri', al advertir que como éste no es corrupto, no debe legislar en su contra.
También advirtió el representante Berner Zambrano que los legisladores no son nominadores, por lo cual, debe extenderse ese impedimento planteado, no a los congresistas, sino a los altos funcionarios del Gobierno. A esa idea se sumó el representante Alfredo Bocanegra.
EL ESPECTADOR
SUPUESTO TRÁFICO DE INFLUENCIAS
judicatura denuncia ataque malintencionado en caso Lucero Cortés
La Sala Disciplinaria argumenta todas sus decisiones fueron contrarias a los intereses de su esposo y que no hay lugar a las sospechas.
Como un ataque malintencionado y tendencioso calificó el presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga, los señalamientos en contra de ese organismo dentro del proceso que llevó a la detención de la representante a la Cámara Lucero Cortés.
Manifestó que, tanto en primera como en segunda instancia, la Judicatura no hizo más que tomar decisiones que fueron desfavorables a los intereses del marido de la dirigente, Manuel Rincón, y no entiende de dónde otorgar credibilidad a las supuestas presiones que recibieron magistrados para sancionar a su colega que interpuso la denuncia en contra de la parlamentaria.
El alto jurista repudió así lo acaecido frente a la situación de Rafael Vélez, el magistrado del Seccional de Cundinamarca sancionado por el Superior que aseguraba que su castigo era una retaliación a su decisión de no sancionar al abogado Juan Carlos Salazar, que se encontraba enfrentado jurídicamente al compañero sentimental de Cortés.
Aclaró que la Sala emitió en contra de Vélez en 2008 se debió a que permitió la prescripción de más de 300 procesos del caso Foncolpuertos y que si fuera cierto lo de las supuestas presiones la Judicatura no hubiera emitido repetitivos fallos en contra de los intereses del marido de la congresista, como lo hizo.
Villarraga precisó que el proceso en contra del abogado en pugna con Rincón cayó en manos del magistrado Germán Londoño Carvajal, quien ratificó la sentencia absolutoria proferida por Vélez, lo que constituye una prueba de que la Sala Disciplinaria nunca favoreció los intereses de la pareja de esposos.
Además, indicó que la Judicatura también conoció en primera y en segunda instancia la tutela que ha venido analizando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y que tiene en aprietos a la representante a la Cámara y que en ambos casos las determinaciones fueron contrarias a sus intereses.
Manuel Rincón, el marido de la legisladora, estaba empeñado en que la Fiscalía reabriera una investigación ante un supuesto caso de estafa del que fue víctima por la compra de un paquete de acciones de una firma de televisión por cable por cerca de 200 mil dólares.
SEGUNDO CONDENADO POR DESAPARECIDOS DEL PALACIO
35 años de cárcel a general Arias por holocausto del Palacio de Justicia
El juez 51 Penal de Bogotá lo declaró culpable de la desaparición de once civiles.
El general (r) Jesús Armando Arias Cabrales se convirtió en el oficial de más alto rango condenado por el Holocausto del Palacio de Justicia, luego de que la juez 51 Penal de Bogotá lo declarara culpable de la desaparición de los once civiles de la cafetería.
El general (r), quien para la época de los hechos comandaba la Brigada XIII del Ejército, era el jefe del Estado Mayor Conjunto que estuvo desplegando el operativo de retoma del máximo escenario de la justicia en Colombia, en el que irrumpieron violentamente guerrilleros del M-19.
Tras el exitoso desenlace del operativo militar, los familiares de once personas que se encontraban en la cafetería denunciaron ante autoridades penales y disciplinarias que sus allegados no se encontraban reportados como retenidos, pero tampoco habían sido reseñados por organismos forenses como víctimas de la sangrienta toma.
Varios de ellos empezaron a recibir llamadas anónimas de supuestos integrantes de unidades de inteligencia del Ejército, que aseguraban que quienes se encontraban en la cafetería del Palacio habían sido trasladados a guarniciones castrenses como sospechosos de participar en la toma guerrillera; allí, manifestaron algunos testigos, fueron torturados sistemáticamente hasta morir.
Meses después de los hechos la Procuraduría recibió un casete en la que un supuesto integrante del B2 relataba la manera como los hoy desaparecidos fueron sometidos a innumerables vejámenes; sin embargo, solo 20 años después, tras el hallazgo de un video de la televisión española, donde varios familiares identificaron a sus seres queridos saliendo con vida la Fiscalía General de la Nación ordenó la apertura de las investigaciones contra altos oficiales involucrados en la desaparición de este grupo de civiles.
Todos los colombianos conocerán proceso contra Uribe
INDAGACIÓN A URIBE POR 'CHUZADAS' SERÁ PÚBLICA
La Corte Suprema ratificó el fallo de tutela que lo ordenaba.
La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes deberá hacer pública la investigación que adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en el escándalo de las ‘chuzadas’, luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara el fallo de tutela que así lo ordenaba.
En segunda instancia, la Sala Penal ratificó lo dispuesto por su par en el Tribunal Superior de Bogotá, que amparó los derechos fundamentales exigidos por una de las víctimas, en este caso el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que buscaba conocer la manera como eran practicadas las pruebas en el proceso.
La misma Corte había dejado sin efectos de manera transitoria ese fallo, al advertir irregularidades en el procedimiento, lo que obligó a la devolución del expediente al Tribunal; luego de corregir los yerros, el juez de amparo constitucional se mantuvo en su decisión inicial de ordenar la realización del proceso de manera pública.
La determinación fue apelada por la célula legislativa que adelanta la investigación previa, pero la Corte Suprema de Justicia le dio la razón al juez de origen y ratificó la determinación de primer grado a favor de los intereses de las víctimas de las ‘chuzadas’.
A partir de la fecha, las diligencias que se practiquen en el marco de la actuación de la Comisión de Acusación frente a las interceptaciones ilegales deben hacerse con el conocimiento, no sólo de las partes, sino de la ciudadanía en general.
HOMOSEXUALISMO, SOCIEDAD Y DERECHO
Por: Yesid Reyes Alvarado
Como parte del debate sobre la posibilidad de que las parejas homosexuales puedan adoptar hijos se ha dicho que, de aceptarse, se estaría exponiendo a los niños a un rechazo que no sólo afectaría su estabilidad psicológica sino que incluso los podría llevar a desarrollar conductas antisociales.
Esa no es una afirmación que cuente con un respaldo científico. Sin embargo, y sobre el supuesto no demostrado de que hubiera alguna relación entre la identidad sexual de los padres y alteraciones en la conducta de sus hijos, convendría preguntarse en qué medida el derecho y su interpretación influyen en el comportamiento social.
El tema es tan antiguo como polémico y para el caso concreto puede resumirse en una pregunta: si jurídicamente fuera válida la adopción por parejas homosexuales, ¿existiría un rechazo social a esa práctica? O formulada de manera inversa: ¿no es la prohibición legal la que motiva una censura hacia quienes actúan de esa manera?
La condición de ciudadanos de segunda que durante muchos años les confirió la ley a los llamados hijos naturales (definidos en una época como “de dañado y punible ayuntamiento”), explica el desprecio con el que se los trataba y los profundos daños psicológicos que se les ocasionaban a algunos de ellos. La imposibilidad legal de disolver el matrimonio civil a través del divorcio, junto con la sanción penal a quien se desposara estando vigente ese indisoluble vínculo anterior, condujo a un fuerte rechazo social no sólo hacia quienes así actuaban, sino respecto de los propios hijos de padres separados.
Cuando una correcta interpretación del derecho llevó al reconocimiento de que los hijos tienen los mismos derechos sin importar si fueron o no procreados en el seno de un matrimonio, socialmente perdió toda importancia la diferencia que hasta entonces se hacía entre ellos dependiendo del estado civil de sus padres. Desde que se trazó una línea divisoria entre las uniones religiosas y las laicas, se aceptó legalmente el divorcio en estas últimas y se abrió la posibilidad de que pudieran contraer segundas nupcias, no sólo desapareció el morbo que existía respecto de estos vínculos, sino que en el plano social dejó de ser tema de preocupación si los progenitores de alguien viven juntos. Y lo que es más importante, esos infantes no se sienten en condición de desventaja ni necesitan por ello más atención psicológica que la de quienes cohabitan con padres que no se hablan, que discuten o que simplemente son poco afectuosos o distantes con ellos.
Estos son ejemplos de cómo el derecho puede ayudar a moldear la conducta social. Frente a la decisión que dentro de poco tomará la Corte Constitucional sobre la posibilidad de que las parejas homosexuales puedan adoptar, sería deseable que no se cayera en la trampa de creer que el derecho debe ceder frente a un hábito social. Ojalá se entienda que la forma más efectiva de acabar con el rechazo que algunos sienten hacia los hijos de parejas homosexuales es declarando que desde el punto de vista jurídico el Estado colombiano no los discrimina y que está dispuesto a respaldar, con la fuerza de las normas, su derecho a un trato igualitario.
REVISTA SEMANA
CONDENAN AL GENERAL (R) ARIAS CABRALES A 35 AÑOS DE CÁRCEL POR CASO DEL PALACIO DE JUSTICIA
Esta es la pena más alta que se ha impuesto en este caso, y la segunda, después de la condena del coronel (r) Alfonso Plazas Vega.
El excomandante de la Brigada 13 del Ejército fue conenado a 35 años de cárcel por su responsabilidad en las desapariciónes de 11 personas en los hechos ocurridos hace 25 años durate la toma del Palacio de Justicia.
La condena es la segunda que se da en el proceso de investigación, después de la del coronel (r) Alfonso Plazas Vega y la más alta impuesta hasta ahora.
¿Por qué la condena?
El 10 de octubre del 2008 la Fiscalía ordenó la captura del general en retiro, en ese entonces por su presunta participación en la desaparición de 11 personas en el Palacio de Justicia en 1985. Hace un año, el ente acusador había pedido la máxima condena.
Arias Cabrales se desempañaba como comandante de la XIII Brigada del Ejército, y según la Fiscalía, fue quien impartió las órdenes en los operativos, sobre todo, aquellas conducentes a la identificación e interrogatorio de los civiles que iban siendo rescatados del Palacio, que había sido asaltado por guerrilleros del M-19.
Para la Fiscalía fueron varios los hechos probados que comprometen la conducta de Arias Cabrales en la desaparición de varios empleados de la cafetería del Palacio, así como de la guerrillera Irma Franco, quienes según el ente investigador, salieron vivos del edificio, y 25 años después, se desconoce su paradero.
Las personas que salieron con vida del Palacio de Justicia fueron Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina Del Pilar Guarín Cortes, Bernardo Beltrán Hernández, Ana Rosa Castiblanco, Lucy Amparo Oviedo, David Suspes, Norma Constanza Esguerra, Luz Mary Portela León, Héctor Jaime Beltrán, Gloria Estela Lizarazo Figueroa y Gloria Anzola.
Cadena de mando
El primer hecho probado por la Fiscalía fue que el operativo de retoma estuvo dirigido y orientado por el comandante de la XIII Brigada del Ejército, el general Arias Cabrales.
Según la cadena de mando, este oficial tenía bajo su responsabilidad las otras unidades tácticas que participaron del operativo, entre ellas, la escuela de caballería (comandada por el entonces coronel Alfonso Plazas Vega), la Escuela de Infantería, y el B2 del Ejército (comandado por el coronel Edilberto Sánchez Rubiano).
“No cabe duda que Jesús Armando Arias Cabrales coordinó, dirigió y supo que estas personas salieron del Palacio...", fue una de las frases concluyentes que utilizó en entonces la fiscal delegada ante la Corte, Ángela Buitrago, quien desde hace más de cuatro años adelanta las investigaciones por las desapariciones forzadas del Palacio de Justicia.
Ejército asumió pleno control
Además, dice la Fiscalía, el Ejército asumió, desde el mismo día de la toma guerrillera, el 6 de noviembre de 1985, el control del “teatro de operaciones”, es decir, el Palacio de Justicia y sus alrededores, incluida la casa Museo del Florero, lugar a donde eran evacuados los civiles rescatados y donde fueron sometidos a interrogatorios.
Fue en la Casa del Florero donde se estableció el puesto de mando, donde Arias Cabrales impartió todas las órdenes de procedimiento dentro y fuera del Palacio de Justicia. Incluso, la Fiscalía comprobó que la Policía pedía autorización al Ejército para tener un margen de acción. Lo cual demuestra el pleno control establecido por el Ejército.
Traslado de civiles
Fue en la Casa del Florero donde el B2 del Ejército, comandado por Sánchez Rubiano, adelantaba las diligencias de identificación de los civiles evacuados del Palacio. Dice la Fiscalía que este oficial actuó bajo las órdenes de Arias Cabrales.
Una de las pruebas que más compromete al general fueron los audios de las comunicaciones radiotelefónicas que sostuvieron los militares que comandaron el operativo de retoma del Palacio de Justicia.
En algunas grabaciones, Arias Cabrales que impartía instrucciones con la clave ‘Arcano 6’, ordenaba el proceder sobre algunos “sospechosos”. Y además, señaló la Fiscalía, el manejo de los rehenes fue “controlado, dirigido y absolutamente conocido por quien estaba en la casa del Florero, Edilberto Sánchez Rubiano (comandante del B2), y por quien estaba en el puesto de mando, Jesús Armando Arias Cabrales", según la conclusión de la fiscal Buitrago.
Según las comunicaciones reveladas en el juicio, los civiles “sospechosos” fueron concentrados en el primer piso de la Casa del Florero y se ordenó “labores contra ellos”, con las que la Fiscalía demostró que hubo órdenes de trasladar a algunos civiles a dependencias militares.
La Fiscalía también demostró que Arias Cabrales tenía pleno conocimiento sobre rehenes, cuerpos, que aún permanecían en el Palacio de Justicia durante la retoma. Una prueba de ello es una comunicación en la que el propio general da la orden para que siete conductores, que se encontraban en el palacio, pudieran salir sin ser retenidos por el personal militar.
Incluso, señaló la Fiscalía, hubo órdenes de Arias para cambiar, desaparecer evidencia, y hasta remover cadáveres.
Falsos testimonios
Durante el juicio, la Fiscalía planteó la tesis de un posible “pacto de impunidad” por parte de los militares vinculados con la investigación. Lo cual comprobó al calificar los testimonios rendidos por tres testigos presentados por la defensa de Arias Cabrales.
Uno de ellos el del general Ignacio Posada Duarte, quien para la época de los hechos era el comandante de la Séptima Brigada en el Meta. Este oficial declaró que no hubo órdenes de la XIII Brigada del Ejército de agregar unidades bajo su mando, pero en la investigación la Fiscalía comprobó que sí hubo un traslado de unidades de esa jurisdicción a Bogotá durante los días 6 y 7 de noviembre.
Por eso la Fiscalía pidió a la juez 51 penal que compulse copias para que se investigue a este general por falsedad en testimonio y fraude procesal. Otros testigos que podrían ser investigados por esta conducta son Guillermo Valdez Gil y Gustavo Gómez, compañero del soldado Édgar Villamizar, uno de los testigos clave para la Fiscalía.
PARTIDO DE LA U SUSPENDE TEMPORALMENTE A LUCERO CORTÉS
La colectividad tomó la decisión tras la medida de aseguramiento proferida a la congresista. Su suspensión se mantendrá mientras se adelanta la investigación en su contra por presunto tráfico de influencias.
Tras la captura de la congresista Lucero Cortés, el Partido de la U decidió suspendarla temporalmente de su colectividad.
La U considerará vigente la medida mientras se avanza en la investigación en contra de Cortés, indagada por presunto tráfico de influencias.
LA SOSTENIBILIDAD FISCAL SE PUEDE CONVERTIR EN LA MÁQUINA DE LA MUERTE DE LOS DERECHOS”
El exconstituyente Gustavo Zafra explicó por qué, en su criterio, la participación ciudadana se ha quedado corta en el desarrollo de la Constitución del 91. Para él, el Legislativo y el Ejecutivo han querido limitar el poder ciudadano.
La democracia participativa es uno de los ejes centrales del espíritu de la Constitución de 1991. Pero, a la vez, se ha convertido en uno de los postulados pendientes por desarrollar en un país sometido por el centralismo, la exclusión de grandes franjas de la población, el autoritarismo, la corrupción y la falta de compromiso ciudadano por los asuntos públicos.
A propósito de esa asignatura pendiente, el asesor jurídico de la Corporación Viva la Ciudadanía, Gabriel Bustamante, habló con el abogado y exconstituyente Gustavo Zafra Roldán.
Gabriel Bustamante Peña: ¿Cuál era la apuesta política de la Constituyente cuando elevó a pilar fundamental la democracia participativa?
Gustavo Zafra Roldán: Hay que tener en cuenta que la Constituyente fue el resultado de un amplio proceso participativo y que la democracia participativa fue el único tema que expresamente se convirtió en un mandato en la papeleta de convocatoria. Hay que recordar que el texto enunciaba una orden del pueblo para hacer una Constitución con democracia participativa. Lo segundo es que por entonces se habían agotado las instancias institucionales de reforma y el Congreso había obstaculizado el desarrollo del país con dos intentos frustrados en los gobiernos de López y de Turbay. Y en tercer lugar, que la Constitución de 1991 quiso entregar mayor poder de decisión a los ciudadanos, de ahí surgieron todas las instituciones que desarrollan dicho poder como el referendo, la revocatoria del mandato, la iniciativa popular legislativa y normativa, el cabildo abierto, entre otras.
G.B.P.: Pero todo el avance institucional para la participación en la práctica ha quedado disminuido. ¿A qué se debe que no se avanzara en la realidad a pesar del marco progresista en este sentido?
G.Z.R.: A que, en materia de participación ciudadana, matamos el tigre y nos asustamos con el cuero. O, como dijo Lleras de la Fuente: “Hicimos el niño y se lo entregamos a Herodes”. Todo el proceso de generar poder ciudadano fue reprimido por medio de la ley estatutaria de mecanismos de participación ciudadana (Ley 134 de 1994). Esta ley es el producto del miedo del Congreso a otorgar verdadera fuerza decisoria a la ciudadanía. Es un estatuto lleno de requisitos imposibles de cumplir. Por eso no hemos tenido revocatorias de mandato, a pesar de que abundan los gobernantes mediocres, ni hemos llevado a referendo los asuntos esenciales que debería deliberar el país.
G.B.P.: Otorgar poder al ciudadano necesariamente implica mermar poder al gobernante y de ahí el conflicto de interés que se presentó…
G.Z.R.: Claro. El temor por la democracia participativa no era, ni es, infundado. Recuerde que los parlamentarios de la época, entre ellos el entonces congresista Álvaro Uribe Vélez, fueron destituidos por la Constituyente en virtud del poder sin límites que tenía el constituyente primario, expresado en la Asamblea Nacional de 1991. De ahí la animadversión y la apatía de Uribe hacia la Constitución de 1991, que en últimas terminó por derrotarlo. Por eso es interesante observar la importancia del fallo de la Corte Constitucional que tumbó la segunda reelección, dio supremacía al constituyente primario como el único facultado para cambiar la Carta Política y dejó sin piso la manipulación de un mecanismo de participación como el referendo, que no fue creado para estipular la reelección presidencial perpetua.
G.B.P.: ¿Usted cree que se acentuó la falta de participación en lo local?
G.Z.R.: En lo local se llevó a cabo otra disputa, la del poder central contra las regiones. La descentralización, otro pilar de la Constitución de 1991 y sin la cual la participación ciudadana es inocua, tocó los intereses del gobierno nacional y del Congreso. Por eso hoy el debate se está dando a partir de las discusiones de autonomía regional planteadas por gobernadores como Eduardo Verano en Atlántico, Horacio Serpa en Santander y Antonio Navarro en Nariño. Eso sin contar con la lucha de los pueblos indígenas por reglamentar la autonomía en sus territorios señalada por la Constitución, que ha encontrado en el Congreso enemigos históricos como el senador caucano Aurelio Iragorri, que representa intereses contrarios a los de estas comunidades.
G.B.P.: ¿De ahí la propuesta del voto Caribe y la región Caribe?
G.Z.R.: Si, pero a Eduardo Verano le he advertido que, por la prisa, no vaya a quemar el modelo. Precisamente los graves problemas que se han presentado con las regalías en muchos departamentos, o el tema espinoso de las corporaciones autónomas regionales, son evidencia de que la autonomía regional es un proceso que se tiene que construir y en el cual es clave otorgar previamente poder al ciudadano; avanzar hacia modelos de gobierno con prácticas democráticas, como la rendición de cuentas y sin obviar el acompañamiento necesario del gobierno nacional.
G.B.P.: Y, ¿qué características debe tener el acompañamiento del gobierno nacional a los entes territoriales?
G.Z.R.: Debe ser de corresponsabilidad territorial en la gestión pública y no de centralismo y negación de la participación ciudadana que practican a ultranza en Planeación Nacional. Aquí se institucionalizó que los derechos tienen que depender de los conceptos de Planeación, dictados por unos técnicos en la 13 con 26 que no sabemos ni cómo los eligen. Y ahora, con la propuesta de sostenibilidad fiscal, este modelo se va a exacerbar: Planeación Nacional volviendo un CONPES los derechos constitucionales y Ministerio de Hacienda negando recursos para los derechos sociales bajo la excusa del cumplimiento del derecho a la sostenibilidad fiscal. Hoy la sostenibilidad fiscal se puede convertir en la máquina de la muerte de los derechos a salud, educación o vivienda digna.
G.B.P.: ¿Que responsabilidad les atañe a los ciudadanos en todo el estancamiento de la participación?
G.Z.R.: La apatía y el desinterés de los ciudadanos son culpa del sistema educativo. El sistema educativo no está formando ciudadanos, formamos a los niños y jóvenes para el individualismo, por lo que, mientras yo no tenga el agua al cuello, creo que el problema no es mío. Por eso Colombia está fracturada como nación y la gente cree, por ejemplo, que no hay conflicto armado cuando tenemos una de las tragedias humanitarias más graves del mundo a causa de una guerra que nos negamos a ver.
G.B.P.: Ante esta apatía ¿cómo ve usted la propuesta de voto obligatorio?
G.Z.R.: Ante fenómenos de corrupción, clientelismo y aprovechamiento de las necesidades de la gente con fines electorales, antes de hablar de voto obligatorio, tendríamos que alcanzar el voto libre.
G.B.P.: Y los medios de comunicación ¿qué carga de compromiso tienen en el fracaso del poder ciudadano y la participación efectiva?
G.Z.R.: Toda. La indolencia de la sociedad colombiana es alimentada por los medios. Cómo es posible que se le diera una semana entera de despliegue a la patada que le dio un jugador de fútbol a una lechuza y, al tiempo, si apenas se mencionó la muerte en Buga de dos ancianos de 90 años y sus dos hijos de 60 por robarles la pensión. ¡Cómo es posible que fruto de esa visión superflua de la vida que nos presentan a diario estemos ante la macabra situación de soldados asesinando jóvenes para ganarse unas vacaciones y esto se presente simplemente como falsos positivos!
G.B.P.: Por último, ¿qué opinión le merece la propuesta del gobierno nacional de replantear la participación ciudadana por medio de una nueva ley estatutaria que, entre otras cosas, racionalice la multiplicidad de espacios de participación que existen en la actualidad?
G.Z.R.: Me parece que si la lógica es institucionalizar aún más la participación, esto puede ser muy peligroso. Hay que superar la intromisión del Estado en la sociedad civil y eso empieza por aceptar que una cosa es el Estado y otra la sociedad. Por ejemplo, ¿será que los jóvenes necesitan normas para participar? Cuando la muerte de Luis Carlos Galán, en la Javeriana se estaba decidiendo si se autorizaba o no la participación de los jóvenes en la marcha del silencio y en medio de la discusión, yo les dije: “Decidan rápido porque los muchachos ya van en la 26”.